Sofia RodriguezEl Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) lleva más de 72 días en cierre parcial desde el 14 de febrero de 2026, convirtiéndose en el cuarto bloqueo presupuestario de mayor duración en la historia de la agencia. El impasse político en torno a la financiación de ICE y CBP ha dejado a millones de personas —trabajadores federales, contratistas, migrantes y empleadores— en una zona de incertidumbre legal que se agrava a medida que pasan las semanas.
El 27 de abril de 2026, la Cámara de Representantes descartó el proyecto de ley de financiación vigente, extendiendo el bloqueo sin fecha de resolución. El presidente Trump ha fijado el 1 de junio como fecha límite para su aprobación. Mientras tanto, los fondos de emergencia del DHS —un fondo de 10 mil millones de dólares aprobado como medida de urgencia— están al borde del agotamiento.
Qué ha pasado con el presupuesto del DHS desde febrero de 2026
El cierre parcial del DHS comenzó el 14 de febrero de 2026 tras el vencimiento de las asignaciones presupuestarias sin que el Congreso alcanzara un acuerdo. La controversia se centra en la financiación de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza).
A principios de abril, el Senado aprobó un proyecto de ley puente que reabrió la mayoría de las agencias del DHS, pero dejó sin resolver los fondos de ICE y CBP. El portavoz de la Cámara, Mike Johnson, se negó a aprobar cualquier proyecto parcial que, en sus palabras, "dejara huérfanas" a las agencias de frontera.
El 23 de abril, el Senado votó utilizar el proceso de reconciliación presupuestaria —que no requiere apoyo demócrata— para aprobar aproximadamente 70 mil millones de dólares en fondos de tres años para ICE y la Patrulla Fronteriza. El 27 de abril, la Cámara desestimó el proyecto en curso, según informó The Washington Post, prolongando la situación indefinidamente.
Según el portal de noticias federales GovExec, el DHS dejará de poder pagar a sus empleados a partir del primer período de nóminas de mayo de 2026 si no se resuelve el impasse.
Cómo afecta el cierre a los inmigrantes y sus familias
La parálisis presupuestaria no ha detenido las operaciones de ICE y CBP: ambas agencias han seguido funcionando con fondos de emergencia y su personal ha continuado trabajando, aunque sin garantía de pago. Lo que sí ha cambiado es el entorno legal: la incertidumbre institucional y las presiones políticas han generado una situación en la que los derechos de los inmigrantes —documentados e indocumentados— son más importantes que nunca de conocer con claridad.
Estos son los derechos fundamentales que la ley reconoce independientemente del estatus migratorio y del contexto del cierre:
Derecho a guardar silencio. Ante cualquier agente de ICE o CBP, toda persona en territorio estadounidense tiene derecho a no responder preguntas sobre su estatus migratorio, lugar de nacimiento o cómo entró al país. La Quinta Enmienda de la Constitución protege este derecho sin excepción.
Derecho a un abogado. En casos de detención por ICE, tienes derecho a contactar a un abogado antes de cualquier interrogatorio. Este derecho existe incluso si no puedes pagarlo —aunque, a diferencia del sistema penal, el gobierno no está obligado a proporcionar uno de forma gratuita en procedimientos de deportación.
Derecho a no abrir la puerta. Si los agentes de ICE o CBP llegan a tu domicilio sin una orden judicial firmada por un juez (warrant), no estás obligado a abrir la puerta ni a dejarles entrar. Es fundamental conocer la diferencia entre una orden administrativa de ICE y una orden judicial: solo la segunda obliga a abrir.
Derecho a no firmar documentos sin asesoría legal. Firmar cualquier documento sin comprender su contenido o sin consultar con un abogado puede tener consecuencias irreversibles, incluyendo la renuncia a recursos legales disponibles.
Derecho a apelar una orden de deportación. Toda persona tiene derecho a impugnar una orden de deportación ante el Tribunal de Inmigración. Los plazos son estrictos —generalmente 30 días— por lo que la asesoría legal inmediata es crítica.
Lo que cambia con la incertidumbre presupuestaria
El cierre del DHS no crea nuevos derechos ni los elimina. Lo que sí genera es un ambiente de mayor presión operativa sobre las agencias de frontera, que durante el período de incertidumbre presupuestaria pueden intensificar las operaciones para demostrar su utilidad ante el Congreso. Eso, combinado con las presiones políticas en torno al debate migratorio, hace que el momento actual sea especialmente sensible.
Algunos grupos comunitarios han documentado un aumento en la ansiedad y la desinformación entre comunidades inmigrantes durante los períodos de cierre gubernamental. Los abogados especializados advierten: el silencio y la desinformación son los mayores riesgos, no el cierre en sí mismo.
Cuándo consultar a un abogado de inmigración
La complejidad del sistema migratorio estadounidense hace que la consulta preventiva —antes de que surja un problema— sea casi siempre más eficaz y más económica que la respuesta en crisis.
Estos son los momentos en los que un abogado de inmigración puede marcar la diferencia:
- Tienes una orden de deportación pendiente o ya emitida
- Eres beneficiario de DACA o TPS y quieres conocer el estado actual de tu protección
- Has recibido una citación o notificación de ICE
- Vas a solicitar la residencia permanente o la ciudadanía
- Un familiar ha sido detenido por agentes de inmigración
- Tu empleador está siendo auditado por ICE
Conocer tus derechos no es suficiente si no sabes cómo ejercerlos. Para más información sobre los derechos y recursos disponibles durante períodos de mayor actividad de ICE, el Departamento de Seguridad Nacional publica actualizaciones periódicas sobre políticas y procedimientos en vigor.
En ExpertZoom puedes conectar con abogados especializados en derecho de inmigración que ofrecen consultas confidenciales. El cierre del DHS no para los relojes legales: los plazos siguen corriendo aunque Washington esté paralizado.
Aviso YMYL: Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento legal. Ante cualquier situación relacionada con inmigración, detención o deportación, consulta inmediatamente con un abogado de inmigración cualificado.
